Una nueva decisión judicial se conoce dentro del escándalo por los carrotanques que debían llevar agua a comunidades de La Guajira. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Francisco Javier Estupiñán Bravo, exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, y fijó la pena en 9 años, 11 meses y 27 días de prisión.
El proceso está relacionado con una orden de proveeduría por $29.000 millones tramitada desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, para adquirir 40 carrotanques destinados a La Guajira. La Fiscalía estableció que Estupiñán Bravo intervino en el direccionamiento y adjudicación irregular del contrato en favor de Yapurutú.
Uno de los puntos cuestionados fue una certificación presentada para acreditar que los vehículos estaban disponibles para entrega inmediata. De acuerdo con la investigación, esa información no correspondía con la realidad, pues los carrotanques todavía se encontraban en etapa de ensamblaje cuando ya se habían gestionado desembolsos millonarios.
Desembolsos avanzaron mientras los vehículos seguían en ensamblaje
Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 fueron tramitados pagos por $25.375 millones, pese a que los automotores aún no estaban listos para ser entregados. Durante el desarrollo del contrato se detectaron además sobrecostos por $11.114 millones, según la información revelada por la Fiscalía.
De ese monto, Estupiñán Bravo y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de $4.330 millones, mientras que otros terceros fueron favorecidos con $6.784 millones adicionales, de acuerdo con lo establecido dentro del proceso judicial.
El sentenciado fue hallado responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. Además de la pena de prisión, recibió una inhabilidad de 119,9 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
También deberá responder por dos multas. Una corresponde a $5.000 millones por los recursos apropiados y la otra equivale a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Acuerdo con Fiscalía incluye información sobre otros involucrados
El caso tiene una connotación especialmente sensible para La Guajira porque el contrato estaba destinado a responder a las necesidades de agua de comunidades que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a este servicio básico. Lo que debía convertirse en una solución terminó ligado a uno de los episodios de corrupción más cuestionados de los últimos años.
Paralelamente, un juez de control de garantías avaló un principio de oportunidad entre Estupiñán Bravo y la Fiscalía. Como parte del acuerdo, el procesado se comprometió a aportar información sobre otras personas que habrían participado en los hechos investigados.
El compromiso también incluye reparar económicamente los perjuicios causados y construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades indígenas reconocidas como víctimas.
A cambio de esa colaboración, cesa parcialmente la acción penal por falsedad ideológica en documento público agravado por el uso y falsedad en documento privado.
La decisión judicial mantiene abiertas las expectativas sobre la información que pueda entregar Estupiñán Bravo y sobre las responsabilidades de otros involucrados. Para La Guajira, el caso sigue teniendo un peso especial: los recursos cuestionados estaban destinados a llevar agua a comunidades vulnerables, pero terminaron rodeados de sobrecostos, irregularidades y apropiación de dineros públicos.
