El contrato No. 1 de ESEPGUA para la construcción del alcantarillado del barrio Villa Fátima, en Riohacha, se ha convertido en un símbolo de incumplimiento, retrasos y falta de planificación institucional. La obra, firmada en 2023 por un valor superior a 11.474 millones de pesos, incluyendo su adición, y con un plazo de ejecución de apenas siete meses, hoy acumula cerca de tres años sin finalizarse, obligando a la empresa Aqualia a intervenir para evitar que el proyecto quede inservible.
Este contrato contemplaba la instalación total de redes, la construcción de una estación de bombeo y la conexión al sistema existente. Sin embargo, fallas en la gestión, decisiones demoradas y problemas técnicos no resueltos han dejado a la comunidad esperando una solución que nunca llegó en los tiempos prometidos.
Comunidad sigue viviendo en condiciones indignas
El ciudadano Rubén Peña Villafa recordó que Villa Fátima es un barrio con cerca de 50 años de historia, poblado en gran parte por comunidades wayúu dedicadas a la pesca y la artesanía. A pesar de su ubicación estratégica en el delta del río Ranchería, sus habitantes siguen enfrentando graves problemas de saneamiento básico.
“Algunos utilizamos pozas sépticas, otros aún van a los mangles”, señaló, al explicar que el alto nivel freático del terreno hace que estas soluciones colapsen rápidamente. La falta de alcantarillado mantiene a la comunidad en condiciones insalubres, mientras el proyecto sigue sin concluirse.
Peña Villafa también advirtió que el barrio tiene potencial ecoturístico y etnoturístico, pero carece de inversión estatal y de acciones que mitiguen inundaciones y efectos del cambio climático, así como oportunidades para los jóvenes.
Aqualia asume el tramo que ESEPGUA no logró ejecutar
Ante el evidente fracaso del contrato No. 1 de ESEPGUA, la empresa Aqualia asumirá la ejecución del tramo más crítico del proyecto: el cruce del río Ranchería y la conexión final con el sistema de alcantarillado en operación.
Esta intervención incluye la instalación de la tubería mediante un paso subfluvial, su conexión con la red existente y la adecuación necesaria para garantizar que el sistema funcione. Lo más llamativo es que estos trabajos se realizarán con recursos propios de Aqualia, debido a que ESEPGUA no logró resolver los obstáculos técnicos ni financieros del contrato inicial.
Un año perdido por decisiones tardías y falta de coordinación
El proyecto quedó atrapado durante casi un año en discusiones sobre el paso de la tubería por el río, en medio de la incertidumbre entre utilizar el Puente Viejo o el Puente Nuevo. La negativa de los constructores del puente reciente, sumada a la falta de una decisión clara por parte de las autoridades, dejó la obra en un limbo.
Pero surge una pregunta inevitable: si finalmente se decidió no demoler el Puente Viejo y mantenerlo en funcionamiento, ¿por qué ESEPGUA no logró retomar y culminar la ejecución total del contrato como estaba previsto? ¿Qué impidió que, una vez superado ese obstáculo, se avanzara de manera efectiva en la finalización de la obra, evitando así prolongar una crisis sanitaria que hoy sigue afectando a toda una comunidad?
Un contrato incumplido que hoy paga la comunidad
El caso de Villa Fátima evidencia fallas estructurales en la ejecución de obras públicas, donde la falta de planificación y coordinación termina trasladando las consecuencias a la ciudadanía. Mientras el contrato No. 1 de ESEPGUA sigue sin cumplir su objetivo, los habitantes continúan resolviendo sus necesidades básicas en condiciones precarias.
Hoy, la intervención de Aqualia aparece como una medida de contingencia para salvar una obra mal ejecutada desde su origen, dejando en evidencia la responsabilidad de quienes debían garantizar su correcta planificación y cumplimiento.
