Comunidades wayuu exigen cuentas a ESEPGUA por centro de agua sin servicio
Desde Panchomana, zona rural de Manaure, comunidades wayuu reclaman explicaciones por un centro de producción de agua construido y que continúa sin prestar el servicio previsto. Según la información actualizada suministrada por sus representantes, la falta de funcionamiento afecta la solución de abastecimiento esperada por 100 comunidades y más de 14 mil beneficiarios.
La infraestructura debería suministrar agua a siete pilas aferentes ubicadas en distintas comunidades. Sin embargo, los reclamantes aseguran que la inversión todavía no se traduce en acceso al servicio del preciado líquido. El cuestionamiento a ESEPGUA se concentra en explicar qué impide operar el centro y cuáles son las actividades pendientes para que el sistema funcione efectivamente.
Luis Emiro Iguarán Aguilar, autoridad tradicional de Panchomana expuso la situación en una solicitud fechada el 19 de octubre, dirigida a la Sala de Seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. El reclamo corresponde al Contrato número 001 de 2022 de Esepgua y solicita esclarecer las causas de la paralización, el estado de ejecución y las condiciones para reanudarlo.
Inventario comunitario cuestiona la ejecución
A las dudas sobre el funcionamiento se suman los señalamientos de líderes comunitarios y profesionales de ingeniería civil que, según la información aportada, realizaron un inventario de unidades de obra. Los participantes reportaron presuntas irregularidades que ponen en cuestión la ejecución del proyecto, entre ellas la no construcción de un nuevo pozo de captación.
Ese señalamiento exige establecer si el pozo estaba incluido en el alcance contractual, si fue objeto de modificaciones y cuál es la fuente prevista para garantizar el abastecimiento. ESEPGUA debe explicar, con documentos técnicos, cómo se asegura la capacidad del centro. Las observaciones del inventario corresponden a los reclamantes y no constituyen hallazgos oficiales de un organismo de control.
La comunidad también sostiene que la empresa ha mencionado modificaciones al proyecto que no fueron socializadas con los beneficiarios. Sus representantes aseguran que esos cambios, en lugar de ofrecer mejoras, han estado acompañados de demoras y de un desmejoramiento de la obra. Corresponde contrastar estas denuncias con los diseños, las autorizaciones y los informes de interventoría.
Un conflicto que piden dejar de invocar sin verificación
Según la petición, representantes de ESEPGUA habrían señalado diferencias comunitarias como una razón para no continuar. Iguarán Aguilar afirma que esas dificultades habrían sido superadas desde hace más de un año. Por ello, solicita verificar si actualmente persiste un impedimento real y distinguirlo de obstáculos técnicos, financieros o administrativos.
La empresa debe precisar qué modificó, quién aprobó los ajustes, qué recursos se han ejecutado y qué falta para poner el sistema en servicio. Un centro construido no demuestra que todo el proyecto esté terminado, pero sí exige informar por qué permanece sin operar y cómo se protegerá la infraestructura mientras se resuelven los pendientes.
Sobre la cobertura existe una diferencia que necesita aclaración: la solicitud escrita menciona 60 comunidades, mientras la información comunitaria actualizada señala 100 y más de 14 mil beneficiarios. La documentación contractual deberá establecer el alcance oficial y permitir conocer cuántas familias dependen del centro y de las siete pilas aferentes.
Piden vigilancia sobre los recursos y resultados verificables
Los reclamantes anunciaron que insistirán ante los organismos de control para que examinen la inversión, las modificaciones y las presuntas irregularidades reportadas. También pedirán que la Corte Constitucional, dentro del seguimiento a la Sentencia T-302, requiera resultados que contribuyan a superar el estado de cosas inconstitucional y proteger la salud y la vida de la población wayuu.
La respuesta de ESEPGUA debe permitir conocer las causas actuales de la paralización y una ruta con financiación, responsables y fechas. Mientras el centro no abastezca las siete pilas previstas, seguirá pendiente el beneficio que justificó su construcción. La exigencia comunitaria es que los recursos invertidos se traduzcan en agua disponible, con calidad y continuidad.
