Nueva EPS, IPSI Supula y secretarías de Salud de Uribia y La Guajira bajo investigación
La reciente muerte de una niña wayuu en Uribia deja nuevas preocupaciones sobre la atención médica que reciben las comunidades indígenas de La Guajira. Han pasado nueve años desde que la Corte Constitucional ordenó medidas para proteger sus derechos fundamentales y todavía existen situaciones que requieren explicaciones de las instituciones responsables de garantizar los servicios de salud.
Durante la sesión técnica realizada recientemente en Riohacha, la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, reconoció que, aunque los indicadores muestran cumplimiento de los planes establecidos, persisten dificultades para garantizar una atención oportuna a los niños y niñas wayuu.
La funcionaria anunció actuaciones para establecer posibles responsabilidades relacionadas con el fallecimiento de la menor. El caso plantea interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de salud y la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de las comunidades indígenas.
Cuatro entidades bajo investigación por muerte de menor
La Superintendencia informó que adelanta actuaciones relacionadas con Nueva EPS, la IPSI Supula, la secretaría de Salud Municipal de Uribia y la secretaría de Salud Departamental de La Guajira, con el propósito de determinar posibles responsabilidades dentro de sus respectivas competencias.
Las investigaciones deberán esclarecer las circunstancias del fallecimiento y establecer si existieron incumplimientos en las obligaciones de las entidades involucradas. Hasta el momento, no se han informado decisiones definitivas que permitan atribuir responsabilidades por este caso.
La situación genera preocupación porque los resultados administrativos presentados por las instituciones deben reflejarse en la atención que reciben las familias, especialmente cuando se trata de menores que necesitan asistencia médica inmediata.
Supersalud busca resolver 26 investigaciones pendientes
Godoy Casadiego también anunció que se dará celeridad al cierre de 26 investigaciones administrativas contra entidades vigiladas y que las sanciones previamente impuestas serán trasladadas a los organismos de control correspondientes, cuando sea procedente.
La Superintendencia informó que ampliará la coordinación con la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Asimismo, trabajará con el Ministerio de Salud y las autoridades locales en la construcción de un nuevo modelo de atención sanitaria para La Guajira.
La Sentencia T-302 de 2017 reconoció la vulneración de derechos fundamentales de la niñez wayuu en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. Desde entonces, las instituciones tienen la responsabilidad de avanzar en soluciones que permitan garantizar servicios médicos accesibles y oportunos.
Después de nueve años de seguimiento constitucional, las comunidades esperan resultados que puedan comprobarse en la atención de sus niños. Las investigaciones anunciadas deberán esclarecer las posibles responsabilidades, mientras las autoridades enfrentan el desafío de convertir los indicadores institucionales en servicios que respondan a las necesidades de las familias wayuu.
